lunes, 18 de junio de 2007

OEA pide garantías a libertad de expresión
y condena la violencia contra periodistas

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Ignacio Álvarez, reclamó el pasado viernes en Montevideo garantías a la libertad de expresión y manifestó su preocupación por la creciente ola de violencia contra periodistas.
“El camino hacia una democracia de mejor calidad sólo se puede alcanzar con una mayor participación de la sociedad en los problemas comunes a todas las personas, a través de plenas garantías para el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión”, señaló el funcionario de origen venezolano.
Las apreciaciones fueron formuladas en la clausura del Segundo Encuentro de Portavoces de Gobierno de los estados miembros, que reunió en la capital uruguaya a representantes de los 34 países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezados por su titular José Miguel Insulza.
Álvarez reveló optimismo por la existencia de una mayor conciencia sobre la importancia del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, lo que calificó como “un paso fundamental en la democratización de la región”, según un comunicado oficial.
No obstante, recordó que por lo menos 19 periodistas fueron asesinados en el continente durante 2006, destacando que “estos crímenes frecuentemente quedan en la impunidad. La falta de sanciones a los responsables materiales e intelectuales de estos homicidios propicia la comisión de nuevos asesinatos”.
El relator de la CIDH señaló que, tras agresiones físicas o amenazas, los comunicadores “se ven enfrentados, una vez más, ante la trágica elección de continuar arriesgándose o autocensurarse”.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho de la American University, Claudio Grossman, expuso sobre los estándares internacionales en materia de libertad de expresión a la luz del progreso que ha experimentado este derecho en algunos países y las restricciones que enfrenta en otras naciones.
Al cierre de las deliberaciones, la directora del Departamento de Relaciones Externas de la OEA, Irene Klinger, recalcó que los ciudadanos del continente tienen el derecho a la información pública y los gobiernos, la obligación de proporcionarla y asegurarse que esté al alcance de todos los sectores.

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